Juzgado ordenó suspender cuestionado congreso aprista en Trujillo
La resolución judicial cuestionó la legitimidad de los convocantes, recogió la revocatoria de siete cargos partidarios y dispuso suspender las proclamaciones y acuerdos derivados del proceso. Un informe previo de la ONPE también había advertido una representación en litigio.
La convocatoria al XXVI Congreso Nacional Ordinario 2026 del Partido Aprista Peruano, programado para los días 16, 17 y 18 de octubre en Trujillo, fue objeto de una orden judicial de suspensión antes de las fechas previstas para su realización. La decisión no se limitó al anuncio del encuentro: comprendió los actos electorales, las proclamaciones y los acuerdos que derivaran directamente del proceso cuestionado.
Así lo establece la Resolución N.º 2, emitida el 14 de octubre de 2026 por el Sexto Juzgado Civil de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. El juez Juan Carlos Meléndez Mozzo declaró fundada la medida cautelar solicitada por Hebert Robert López López, identificado en el expediente como secretario general del Comité Partidario Provincial de Otuzco.
La revocatoria de siete cargos figura en el expediente
Uno de los antecedentes examinados por el juzgado es la Resolución N.º 002-2026-SG-CEN-PAP, del 20 de mayo de 2026. Según reproduce el documento judicial, esta comunicó la revocatoria de siete cargos por acuerdo de la Asamblea del Comité Ejecutivo Nacional del día anterior.
Las personas comprendidas en esa decisión fueron José German Pimentel Aliaga, Carmen Najarro Quispe, Félix Antonio Mauricio Alor, Elías Grijalva Alvarado, Pedro Regalado Panta Jacinto, Dante Carrillo Pachas y Xavier Emmanuel Abad Barzola.
La resolución partidaria también prohibía que quienes tenían sus cargos revocados se atribuyeran la representación del APRA. Este antecedente es relevante porque la controversia no se refiere únicamente a diferencias entre sectores: comprende la facultad de determinados dirigentes para actuar en nombre de la organización.
Debe precisarse que la revocatoria de un cargo no equivale, por sí misma, a la expulsión de la militancia.
El juzgado cuestionó las facultades de tres convocantes
En su fundamento séptimo, el juez identifica a Pedro Regalado Panta Jacinto, Dante Carrillo Pachas y Xavier Emmanuel Abad Barzola como responsables de la convocatoria.
El juzgado consideró que habían emitido actuaciones electorales pese a las resoluciones partidarias que revocaban sus cargos y cuestionaban la convocatoria. En su evaluación cautelar, concluyó que carecían de plena legitimidad y legalidad para esas actuaciones y que estas adolecían de nulidad.
También señaló que, al momento de resolver, no se había acreditado en el expediente que la resolución de revocatoria hubiera sido anulada o revertida. Estos razonamientos sustentaron la apariencia de derecho necesaria para conceder la medida.
Una resolución partidaria ya había declarado nula la convocatoria
El documento judicial también examina la Resolución N.º 003-2026-SG-CEN-PAP, del 17 de julio de 2026, mediante la cual la Secretaría General declaró nula y sin efecto legal la convocatoria por vulneración del estatuto y falta de legitimidad y legalidad.
El juez valoró esta decisión con referencia al artículo 35 del estatuto partidario, relativo a la jerarquía de la Secretaría General.
Se trata de dos actuaciones distintas: la declaración de nulidad fue adoptada en el ámbito partidario; posteriormente, el juzgado dispuso la suspensión cautelar de los efectos de la convocatoria y de los actos vinculados.
La orden alcanzó a proclamaciones y reconocimientos de autoridades
La parte resolutiva suspendió los efectos de la convocatoria, de la Resolución N.º 036-2026-TNE/PAP y de la Directiva N.º 008-2026-TNE/PAP.
Asimismo, comprendió las elecciones de delegados, cronogramas, proclamaciones, actas de instalación, acuerdos y otras actuaciones que fueran consecuencia directa de esos actos.
El mandato ordenó expresamente a Panta Jacinto, Carrillo Pachas y Abad Barzola abstenerse de materializar el proceso electoral interno y el congreso, así como de efectuar proclamaciones o reconocimientos de autoridades basados en los actos suspendidos. Además, contempló multas ante un eventual incumplimiento.
La ONPE había advertido una representación en litigio
Un antecedente adicional aparece en el Informe N.º 000498-2026-SGAT-GSFP/ONPE, del 5 de octubre de 2026, emitido por la Subgerencia de Asistencia Técnica.
El informe recoge las solicitudes de asistencia presentadas por Pedro Panta y Dante Carrillo, así como la documentación remitida por Belén García y Benigno Chirinos sobre la revocatoria de cargos y la recomposición del Tribunal Nacional Electoral.
La ONPE señaló que existía una representación en litigio y que los integrantes del tribunal solicitante no se encontrarían en la relación de dirigentes vigentes del Registro de Organizaciones Políticas. Por esas razones, concluyó que no podía brindar el servicio de asistencia técnica.
Esta conclusión constituye un antecedente institucional del conflicto, aunque no equivale a una declaración de nulidad electoral.
La documentación revisada sustenta, por tanto, cuestionamientos concretos a las facultades de los convocantes y acredita la orden judicial de suspensión emitida el 14 de octubre. Determinar los efectos sobre una elección posterior requiere contrastar sus actas con el mandato y verificar las resoluciones posteriores del expediente.
Documentos consultados: Resolución judicial N.º 2, expediente 04217-2026-36-1601-JR-CI-06, fundamentos quinto a séptimo y décimo, y parte resolutiva; Informe N.º 000498-2026-SGAT-GSFP/ONPE, del 5 de octubre de 2026. Las resoluciones partidarias N.º 002 y N.º 003 se describen conforme a su reproducción en el documento judicial.
